La recuperación económica y social tras la vorágine causada por la pandemia de la COVID-19 es el objetivo principal de las Administraciones Públicas. Todas las miradas están fijas en los fondos que repartirá la Unión Europea entre los diferentes países miembros, que servirán para reconstruir el tejido empresarial. A continuación, analizamos todos los detalles que conocemos sobre ellos.
El escenario económico que ha dejado la pandemia un año después de que se paralizase el mundo es complejo. No obstante, la perspectiva de cara a los próximos meses mejora significativamente gracias al anuncio de la llegada de los fondos europeos de recuperación.
La Unión Europea anunció la puesta en marcha de estos fondos como parte de “NextGenerationEU”, un plan de recuperación de alcance europeo, cuyo principal objetivo es paliar las consecuencias económicas generadas por la crisis de la COVID-19. Tras varios meses de negociaciones, finalmente los miembros de la Unión Europea acordaron cómo sería el reparto de estas ayudas.
Pese a que todavía no han llegado de forma efectiva, ya sabemos más detalles acerca de estas bonificaciones y de cómo se repartirán entre los diversos sectores empresariales. A continuación, analizamos la información al respecto.
NextGenerationEU: qué es y cómo se distribuye
El plan de recuperación europeo estará dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026 que se dividirán en acciones para impulsar la economía conjugándola con otros factores como la sostenibilidad, la digitalización y la innovación. Así, dentro del plan se contemplan los siguientes mecanismos:
Constituye el eje central de NextGenerationEU y concentra el 90% del total de los fondos. En concreto, se repartirán 672.500 millones de euros en préstamos (360.000 millones) y subvenciones (312.500 millones) para apoyar las reformas e inversiones europeas.
El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se estructura en seis grandes ejes:
- Transición ecológica: engloba a inversiones y reformas que atañan a capacidades ecológicas, biodiversidad, eficiencia energética, renovación de edificios y economía circular.
- Transformación digital: en este caso se dirigen a inversiones que promuevan la digitalización de servicios, el desarrollo de infraestructuras digitales y datos, centros de innovación, digitalización de las Pymes y soluciones digitales accesibles. Todas las acciones que se lleven a cabo en este sentido deben respetar los principios de protección de datos personales, interoperabilidad y eficiencia energética.
- Crecimiento inteligente y sostenible: inversiones que fomenten la cohesión económica, el empleo y la productividad, la competitividad, el desarrollo, la investigación, el espíritu empresarial, la economía social, la reindustrialización y las infraestructuras y transportes sostenibles.
- Cohesión social y territorial: otro de los grandes objetivos es reducir la pobreza y el paro para acelerar la recuperación económica. Por tanto, las acciones que se contemplen en esta línea deben tener como prioridad crear puestos cualitativos de trabajo, fomentar la inclusión de grupos más desfavorecidos y reforzar los sistemas de protección social.
- Salud y resiliencia económica, social e institucional: si algo se ha puesto de manifiesto durante la crisis de la COVID-19 es la necesidad de mejorar y aumentar los servicios públicos destinados a dar una mayor capacidad de atención y respuesta sanitaria. Además, se pretende mejorar también la eficacia de la Administración y de los sistemas judiciales, reducir la excesiva carga administrativa e incrementar los mecanismos de prevención del fraude y el blanqueo de capitales.
- Políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud: los países miembros de la Unión Europea deben destinar parte de los fondos a promover la educación y el desarrollo de capacidades digitales, el reciclaje profesional, las políticas para fomentar las oportunidades de acceso a la educación, la reducción de la brecha generacional y el desarrollo de programas de integración de personas desempleadas.
Para optar a este apoyo económico, el Gobierno nacional debe definir y presentar un conjunto de proyectos, reformas e inversiones previstas que sea coherente con los seis ejes de actuación anteriores. Además, deben cumplir una serie de requisitos para que se tramite su aprobación:
- Al menos, un 37% de la asignación de cada plan debe ir dirigido a apoyar la transición ecológica.
- Como mínimo, otro 20% se destinará al impulso de la transformación digital.
- Todas las medidas propuestas deben acogerse al principio medioambiental de “no causar un perjuicio significativo”.
Por su parte, la Unión Europea se compromete a asignar los fondos en dos fases: el 70% de las subvenciones debe asignarse antes del 31 de diciembre de 2022; mientras que el plazo para otorgar el 30% restante se alarga hasta la misma fecha de 2023, un año más.
Esta acción está enfocada hacia la ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa. En este caso, supone una continuación de las medidas de respuesta y de reparación de la crisis propuestas en la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+).
El paquete agregará un total de 47.500 millones a las Administraciones Públicas en formato de subvenciones flexibles, sin que haga falta una cofinanciación nacional. Así, será el Ejecutivo central quien organizará la gestión de los fondos entre la Administración General del Estado y las Administraciones Territoriales.
Las ayudas estarán destinadas de forma específica a financiar las subvenciones relacionadas con el empleo (con especial hincapié en los trabajos de corta duración y las medidas de empleo juvenil); reforzar la solvencia y la liquidez de las Pymes (con principal atención a sectores como el turismo o la cultura); y a impulsar el Pacto Verde Europeo y la transición digital.
Con respecto a la fecha de recepción de estos recursos, ya en 2020 podrían estar disponibles siempre que se modifique el presupuesto anual de la Unión Europea. El resto se irá contemplando en las dotaciones previstas dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
Se destinarán 5.000 millones de euros para prolongar la iniciativa ya existente orientada a la sostenibilidad. Más concretamente, se trata de un programa de inversión en innovación e investigación a nivel europeo. La medida europea tiene también su vertiente española, el programa Horizonte 2020.
También se ha contemplado un plan basado en el modelo Juncker como uno de los principales instrumentos financieros. De los 750.000 millones que conforman los fondos COVID, aproximadamente 5.600 irán destinados a este programa.
El principal objetivo de la iniciativa está orientado a la protección financiera de las inversiones, de forma que se incentive la participación de inversores tanto públicos como privados. Además, se pretende reactivar las operaciones de financiación e inversión aportando garantías y evitando gaps económicos en este tipo de operaciones, claves para la recuperación tras la crisis.
El programa Invest EU se divide en cuatro principales áreas:
- Infraestructuras sostenibles
- Investigación, innovación y digitalización
- Pymes
- Inversión social y capacidades
La digitalización de zonas menos conectadas es otro de los principales objetivos de la UE, para lo que destina 7.500 millones. Así, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural que llegará a España se repartirá entre los 17 Programas de Desarrollo Rural autonómicos, si bien es quizá la partida que más incierta es a día de hoy.
Aún no está confirmado si el presupuesto llegará en un único pago o se dividirá en dos anualidades. Por otro lado, tampoco está claro si esta partida deberá ser cofinanciada por la Administración General del Estado y las Comunidades o si, por el contrario, serán fondos puramente comunitarios.
Los Fondos de Transición Justa constituyen la base fundamental del Mecanismo para una Transición Justa, cuyo objetivo principal es evitar las desigualdades socioeconómicas y conseguir un reparto equitativo de los recursos. La cuantía dirigida a este aspecto en el marco de los fondos de recuperación asciende a 10.000 millones.
Además de ser la base del Mecanismo de Transición Justa, son también un pilar fundamental del Pacto Verde Europeo. De hecho, uno de los grandes objetivos de estos fondos radica en suprimir de forma permanente el uso del carbón en la Unión Europea. Por tanto, actúan como una hoja de ruta clave para conseguir una economía mundial sostenible.
La financiación de este fondo se destinará, fundamentalmente, a avanzar en el camino hacia la transición ecológica de las regiones más afectadas. Entre otros objetivos, se pretende incentivar el reciclaje de los trabajadores, diversificar la actividad económica aumentando la inversión en las zonas con menor alcance ecológico y crear nuevas oportunidades de negocio en este sentido.
Un total de 1.900 millones completará el plan de ayudas destinado a la recuperación tras desastres naturales. No solamente con la intención de proteger a los ciudadanos, sino también en aras de gestionar los riesgos emergentes que puedan surgir.
Además del plan de acción, parte de los fondos que abarca el plan ‘RescEU’ incluye la adquisición de elementos como flotas de aviones y helicópteros, aviones de evacuación médica, hospitales de campaña y todo el instrumental médico que pueda ser necesario.
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Claves de los fondos europeos para la Administración española
La gran incógnita tras el anuncio de los fondos era cómo sería el reparto entre los 27 países miembros de la Unión Europea. Tras varias semanas de negociación, finalmente se hizo pública la decisión y se anunció que a España le correspondían 140.000 de los 750.000 millones, lo que supone más del 18% del total. De esta cuantía, más del 51% llegarán en forma de ayudas directas.
Para acceder a estos fondos, los países tienen que enviar a la Comisión Europea planes nacionales en los que se definan sus programas de inversión durante el período 2021-2026. El plazo para presentar los planes definitivos vence el próximo 30 de abril. A partir de ahí, la Unión Europea contará con dos meses para confirmarlos; y los países deberán ratificarlos durante las cuatro semanas siguientes.
Es decir, hasta el mes de agosto no empezarían a llegar los fondos europeos a nuestro país de forma efectiva. No obstante, la previsión es que ya en 2021 lleguen cerca de 34.000 millones de euros, que se repartirán entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Además, la Unión Europea revisará de forma periódica el cumplimiento de objetivos marcados, realizando así un seguimiento más exhaustivo de las acciones a las que se destinan los fondos y garantizando que cumplen las condiciones establecidas por la UE.
Distribución de los fondos en España
Otra de las grandes cuestiones es cómo se van a diseminar las ayudas procedentes de Europa en nuestro país. A este respecto, España contará con tres líneas de distribución principales:
- Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE): mediante la colaboración público-privada se seleccionarán los proyectos más relevantes que supongan un crecimiento en empleo y competitividad a nivel económico. Nace así esta figura con la finalidad de reforzar nuevos instrumentos que agilicen la reactivación económica.
Cabe preguntarse qué tipo de proyectos se engloban bajo este modelo PERTE. Destacan aquellos que tengan un impacto de transformación estructural sobre sectores estratégicos, aquellos que se encuentren en una fase ambiciosa o disruptiva de investigación e innovación, o las ideas que requieran un amplio despliegue industrial para ponerse en marcha. También se valorarán aquellos que promuevan la integración y el crecimiento de las Pymes. Para contabilizar estos proyectos y poder realizar un seguimiento adecuado de cada uno se constituirá un registro estatal de entidades que muestren interés en los PERTE.
- Subvenciones para la financiación de activos privados: en este caso se realizarán a través de convocatorias de concurrencia que requieren financiación mixta.
- Contratos para la financiación de activos públicos: en este caso, mediante licitaciones y concesiones.
En cualquier caso, la colaboración público-privada tiene como finalidad involucrar a la mayor parte de agentes y entidades sociales y económicas en el desarrollo de diferentes ámbitos: innovación, digitalización, movilidad, industria, turismo, demografía, deporte, cultura, ciencia, etc.
Dos grandes ejes vertebradores del plan de recuperación
Las iniciativas y las reformas que se presenten para conseguir estos fondos económicos girarán, sobre todo, en torno a dos grandes ejes: digitalización y transición ecológica, que concentrarán más de dos tercios de las ayudas. Además, aspectos como la igualdad de género y la cohesión social también serán palancas clave. En este sentido, las temáticas principales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española engloban a proyectos relacionados con:
- Conectividad digital: es uno de los principios que rigen la Agenda España Digital 2025 y mediante el que se pretende poner el foco en la digitalización de la Administración Pública y las Pymes.
- Sostenibilidad: como parte del plan estatal, la previsión es que, en dos años, se triplique el número de vehículos eléctricos circulando y se rehabilite medio millón de viviendas según criterios ecológicos y de sostenibilidad medioambiental.
- Impulso y desarrollo tecnológico: la economía digital supuso el 19% del PIB durante el año pasado. Una cifra que evidencia la necesidad de intensificar acciones que refuercen el eCommerce, el teletrabajo, la ciberseguridad y la creación de compañías de carácter tecnológico.
- Igualdad de género: se llevarán a cabo iniciativas para reducir la brecha de género y las barreras estructurales que dificultan un acceso igualitario en las condiciones laborales y sociales de hombres y mujeres.
- Cohesión social: la reestructuración del país debe ir acompañada de un marco de inclusión a nivel social y territorial que garantice la estabilidad económica.
La Administración Pública tiene ante sí el reto de gestionar y organizar de forma eficiente los fondos de recuperación procedentes de Europa. El objetivo es doble: por un lado, paliar el impacto económico causado por la pandemia y, por otro, actuar como referente ante los ciudadanos a nivel de digitalización, gestión efectiva y unión social.
