El principio de transparencia en cualquier gestión relativa a las entidades y organismos públicos es una máxima que debe regir en todas las actuaciones que se lleven a cabo. En este post te explicamos algunas claves que debes tener en cuenta si trabajas en el sector público según Transparencia Internacional España, el organismo que mide el índice de transparencia de ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, etc.
Transparencia internacional España es una organización no gubernamental que opera en España desde el año 2006. En su espíritu está asumir el compromiso de propiciar de forma permanente y continuada el incremento de la transparencia en las Administraciones Públicas españolas.
TI España ha elaborado en los últimos años cinco Índices de Transparencia:
- Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA).
- Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU).
- Índice de Transparencia de la Gestión del Agua (INTRAG).
- Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP).
- Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR).
Estos estudios persiguen un doble objetivo, mientras que por un lado son una evaluación certera del nivel de transparencia que ofrecen las Administraciones, por el otro, propician un aumento en la información que estas entidades ofrecen a los ciudadanos.
La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de muchos gobiernos de responder a las necesidades de las comunidades de manera rápida y eficiente. Ahora las Administraciones se enfrentan a un mayor escrutinio y a un aumento de expectativas a la hora de prestar servicios y lanzar proyectos que aceleren la recuperación de la crisis.
Algunas recomendaciones para fomentar la transparencia
Contratación abierta y transparente
Se trata de impulsar la participación clara de licitadores, usuarios y ciudadanos en estos procesos, de forma que todos los agentes afectados tengan un conocimiento claro de lo que se va a licitar y bajo qué condiciones. Para conseguirlo, una buena opción es la licitación electrónica, de la que hablaremos más adelante.
Colaboración entre entidades locales
Existen muchas entidades locales con menos de 5.000 habitantes que no siempre pueden atender los procesos de contratación pública. Desde 2013, estas entidades tienen atribuida la competencia en materia de contratación electrónica para ayuntamientos pequeños. Si se fomenta la sinergia entre entidades locales será más eficiente a la hora de prestar el servicio. En este escenario el papel de Diputaciones, Consejo y Cabildos ayudan a cumplir la ley.
Aprovechar las nuevas tecnologías
La ley obliga a que toda la contratación pública sea electrónica. Sin embargo, hay excepciones legales para las entidades que no estén preparadas. En ocasiones, las entidades se aprovechan de estas excepciones, cuando en realidad, desarrollar un modelo de contratación tecnológica es más eficiente y, por supuesto, mucho más transparente.
El proceso electrónico permite la trazabilidad de cualquier operación que pueda ser sospechosa a priori, así es posible realizar un mejor seguimiento sobre si el procedimiento es limpio en toda su integridad. La transformación digital ha llegado para quedarse, también en las Administraciones.
Contratación Pública socialmente responsable
Se trata de utilizar la transparencia en la contratación mediante criterios sostenibles y medioambientales, como en la Estrategia 2020 de la UE, para ser así socialmente responsables.
También criterios como la igualdad de género o el apoyo a las personas con discapacidad se tienen en cuenta para las empresas que quieran contratar con la Administración.
Desarrollar el principio de integridad
La Ley de Contratos del Sector Público en su artículo primero habla del principio de integridad. Se trata de apostar por unos procesos de contratación imparciales, objetivos y sin conflictos de intereses.
Es decir, se trata de adoptar medidas concretas para evitar cualquier situación donde no exista transparencia en los procesos de contratación.
Respetar la meritocracia
Para las Administraciones es clave poner en valor los méritos y las capacidades, eliminando así el cese de puestos de libre designación y el cese discrecional en la Administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los altos cargos y cargos directivos de las fundaciones y las empresas públicas. Además, deberían publicarse los currículums de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentando así la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y puestos eventuales.
Escuchar a los empleados
Por último, conviene recordar que en ocasiones no hay que ir muy lejos para mejorar las cosas, basta con utilizar lo que ya tenemos. Es una buena idea establecer e impulsar un sistema de propuestas y sugerencias por parte de los empleados públicos para el ahorro de gastos en sus respectivas instituciones (con el posible establecimiento de premios o incentivos para las mejores iniciativas).
La licitación electrónica, una garantía para las Administraciones
Las diferentes Administraciones que componen el Estado gastan cada año miles de millones de euros comprando bienes y contratando servicios. Eso requiere orden, control y transparencia. Para ello, España ha comenzado una modernización a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, que permite consultar las licitaciones que ofrecen las Administraciones Públicas y concursar para optar a esos contratos.
En este vídeo del Observatorio Vodafone de la Empresa, María Pilar Batet, Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras en la Diputación Provincial de Castellón, observa avances en la digitalización de los procesos, como la posibilidad de hacer un seguimiento digital de los procesos de concurso y de adjudicación reduce significativamente el riesgo de ilegalidades, pero todavía echa de menos un plan de alcance nacional de implantación de estos procesos en todos los niveles de la función pública.
La digitalización ya ha dejado de ser un peso en las Administraciones Públicas para convertirse en el único camino hacia la transparencia y la eficiencia de los procesos. Los trabajadores deben ejemplificar el cambio en las organizaciones y es responsabilidad de las Administraciones formarles para que así sea.
