Como venimos contando desde hace tiempo, uno de los objetivos más importantes para el Gobierno es la transición hacia un modelo de trabajo y de país más verde. Además, como consecuencia a la guerra que se está viviendo en Ucrania, el Ejecutivo ha puesto en marcha iniciativas que supongan un ahorro energético ante la escalada en los precios de la electricidad y la energía. En este artículo detallamos cuáles son esos cambios y cómo se aplicarán en las Administraciones Públicas.
Según el Real-Decreto Ley de medidas de sostenibilidad económica, aprobado el pasado 1 de agosto, la refrigeración en edificios administrativos, recintos públicos y comercios no se puede poner por debajo de los 27 grados centígrados ni la calefacción por encima de los 19. Las puertas de acceso a los locales tendrán, desde la entrada en vigor del real decreto, cierres automáticos y las luces de los escaparates se apagarán a las 10 de la noche. Además, los inmuebles tendrán que hacer una revisión extraordinaria de sus calderas e instalaciones térmicas antes del 31 de diciembre de 2022, si la última la hicieron antes del 1 de enero de 2021.
La norma también incluye medidas para sustituir los combustibles fósiles por renovables.
Con este objetivo, se agilizarán las tramitaciones de las redes e infraestructuras eléctricas, se facilitará la inyección de gases renovables en la red de gaseoductos y se potenciará el almacenamiento y el autoconsumo.
Este plan, promovido por los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), y Hacienda y Función Pública, tiene como objetivos principales racionalizar el uso de los edificios e instalaciones administrativas, así como el establecimiento de formas de organización del trabajo de los empleados públicos que redunden en ese ahorro energético, a la vez que garanticen la plena prestación de los servicios y la atención a los ciudadanos.
Principales medidas del Plan de Ahorro Energético en las Administraciones Públicas
Entre las principales medidas que contempla el plan relativas a la racionalización en las instalaciones y uso de los edificios administrativos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público institucional destacan las siguientes:
- Establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles.
- Mantenimiento de un óptimo nivel de ocupación de los inmuebles.
- Control de condiciones de temperatura adecuada en locales e instalaciones climatizadas.
- Impulso de la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo.
- Inclusión en los expedientes de contratación administrativa de cláusulas que establezcan como criterio de valoración la aplicación de medidas que impliquen un ahorro energético.
- Optimización del alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines o viales, con regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso en esas zonas.
- Seguimiento del uso de consumibles: papel, plásticos y otros materiales de oficina.
Otras medidas de la estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
Este nuevo plan sirve para complementar y redundar en la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno en materia de eficiencia y ahorro energético. Así, desde 2021 la Administración General del Estado está abordando un ejercicio de mejora energética sin precedentes.
De esta forma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha apostado por la movilización de un presupuesto de más de 1.070 millones de euros con cargo a la componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de un Plan de Transición Energética en la AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su movilidad, según recoge IDAE.
En paralelo, en cumplimiento de la disposición adicional novena de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el MITECO está elaborando el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que centros consumidores de energía, pertenecientes al Estado, reduzcan su consumo de energía en el año 2030, en consonancia con la ‘Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España’ y el ‘Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030’.
Asimismo, el Real Decreto incluye medidas económicas en el ámbito del transporte y en materia de becas y ayudas al estudio.
El texto establece una cuantía complementaria de cien euros al mes para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2022 para todos los beneficiarios de las becas, ayudas y subsidios de la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para alumnos que cursen estudios postobligatorios y para aquellos con necesidad específica de apoyo educativo.
Este paquete de medidas está, por lo tanto, encaminadas a garantizar el ahorro energético, especialmente en los edificios de la administración pública, ante un futuro incierto debido a la evolución de la inflación y de la guerra de Ucrania.
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