FeSP-UGT ha llegado a un acuerdo con Función Pública mediante el que algunos empleados de la Administración General del Estado pueden seguir teletrabajando hasta un 20% de la jornada semanal durante la nueva normalidad. El teletrabajo sigue teniendo carácter voluntario y reversible, siempre en función de las circunstancias de cada trabajador. A continuación desgranamos todos los detalles del acuerdo.
La palabra “teletrabajo” es una de las que más hemos pronunciado y escuchado durante los últimos meses. El decreto del estado de alarma provocó que muchas empresas y organismos públicos adoptasen esta fórmula laboral para sus empleados. En algunos casos sin haberla testado previamente, lo cual generaba ciertas dudas en un inicio. Sin embargo, varios meses después la incertidumbre ha dejado paso a una reflexión: ¿podría implantarse el teletrabajo a largo plazo en España?
Antes de la llegada de la pandemia, la digitalización era la principal asignatura pendiente para el sector público. De hecho, según el Estudio de Digitalización elaborado por el Observatorio Vodafone de la Empresa en 2019, el 27% destacaba la incorporación de la tecnología en la Administración como el factor que más les preocupaba.
Tras los meses de confinamiento, en los que tanto organismos públicos como empresas se han tenido que adaptar a un contexto mucho más digital, la situación se ha impulsado. Así, el informe DESI 2020 que ha publicado recientemente la Unión Europea, sitúa a España como el segundo mejor país europeo en la categoría de servicios públicos digitales.
Aún es pronto para extraer conclusiones más genéricas sobre la evolución del teletrabajo en el sector público, pero ya conocemos ciertos datos que indican que la Administración está avanzando hacia la deslocalización. A partir de ahora el teletrabajo comenzará a implantarse de forma habitual entre los empleados públicos.
Administración Pública: condiciones y requisitos para acogerse al teletrabajo
La gran novedad para los trabajadores del ámbito público afecta directamente a la posibilidad de desarrollar su actividad de forma remota. Los sindicatos CSIF, UGT y CIG han acordado con el Ejecutivo que los trabajadores públicos que tengan a su cargo menores de 14 años o personas dependientes podrán teletrabajar, como máximo, cuatro de los cinco días laborales cada semana. También se incluye en este colectivo las personas con patologías que se consideren de riesgo por contacto con coronavirus. Esta novedad se ha hecho efectiva tras el fin del estado de alarma el pasado 21 de junio, y permanecerá vigente hasta que se declare finalizada la pandemia.
El documento estipula que los colectivos que tengan prioridad tendrán hasta el 20% de su jornada de forma presencial, mientras que este porcentaje será el mínimo que deberá cumplir el resto del personal. Es decir, aquellos que no cuenten con personas menores de 14 o dependientes a su cargo podrán teletrabajar un día a la semana.
Es importante recalcar que la modalidad no presencial de trabajo es de carácter voluntario, en ningún caso obligatorio. Asimismo, si un empleado que se haya acogido a ella quiere o debe volver a la fórmula presencial podrá hacerlo sin problema.
Podrán optar por esta medida los trabajadores de la Administración General del Estado, ya que por el momento el ámbito de las comunidades autónomas queda exento. No obstante, las autoridades no descartan la opción de extenderlo también a nivel comunitario.
La Administración avanza en materia de conciliación
Más allá de las necesidades extraordinarias que han surgido como consecuencia de la pandemia, como puede ser el cuidado de los hijos, la consolidación de la modalidad de trabajo no presencial supone un gran avance en materia de conciliación laboral y familiar. De hecho, a principios de julio han comenzado las negociaciones para definir el proyecto de Ley Reguladora del Trabajo a Distancia, cuyo objetivo es regular todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo del trabajo en remoto.
La aplicación de esta medida se suma a otras también relacionadas con mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar. Es el caso de la ampliación del permiso de paternidad, que se está extendiendo progresivamente con la finalidad de igualarlo a la baja por maternidad.
Sin embargo, todavía queda mucho recorrido por delante en materia de igualdad y conciliación. De hecho, CCOO ha expresado su rechazo temporal a la aplicación del teletrabajo en la Administración tal y como está dispuesta actualmente, por entender que “se suprimen derechos de las personas trabajadoras”.
Lo que ha quedado de manifiesto durante las últimas semanas es que la sociedad avanza cada vez más rápidamente hacia un modelo laboral más multicanal, digital y deslocalizado. Un escenario que la Administración debe interiorizar e incorporar a sus procesos. Solo así contribuirá a normalizar una situación que, si bien al principio puede resultar novedosa, tenderá a extenderse en todos los sectores laborales, tanto públicos como privados.
